Hoy salió a los medios un general enviado directo por el secretario de defensa y por el comandante supremo de las fuerzas militares, que se llama Enrique Peña Nieto

Hoy salió a los medios un general enviado directo por el secretario de defensa y por el comandante supremo de las fuerzas militares, que se llama Enrique Peña Nieto

AUGUSTO HUGO PEÑA DELGADILLO Dossier ahpd 1360   Abril 5 del 2017

Hoy salió a los medios un general enviado directo por el secretario de defensa y por el comandante supremo de las fuerzas militares, que se llama Enrique Peña Nieto, a dar una “somera” explicación de lo que es la Ley de Seguridad Interior y la necesidad de ella. Hay que reconocer en principio que el ejército lleva más de diez años haciendo un trabajo que no le corresponde y que amén de ello es inconstitucional, ¿acaso se puede negociar la Carta Magna?

Los ciudadanos como mandantes y el presidente como mandatario al servicio –y bien pagado- de la ciudadanía, tienen que hacerle ver al legislativo y al judicial, los dos poderes restantes de la Unión, que no pueden sacarse de la manga una ley inconstitucional, que nos lleva a las puertas de una dictadura. El ejército, Peña Nieto, el Congreso y la Suprema Corte lo saben. ¿Y…?

La Constitución ampara a los ciudadanos incluso de las autoridades para que no se violen sus derechos, y aquí es donde, sin averiguar tanto, queda establecido que si el ejército hace un trabajo que nuestra Carta Magna le tiene acotado, se está incurriendo en una inconstitucionalidad y, la constitucionalidad, amén de no ser negociable, es como la virginidad, se pierde solo una vez y esta, la constitucionalidad se ha violado flagrantemente durante más de diez años, por lo que el ejército de la mano de quienes nos gobiernan, incluido Peña Nieto como comandante supremo de las fuerzas militares, son los que intentan por medio de una Ley de Seguridad Interior sacada de las mangas del presidente, legalizar el que el ejército –aduciendo que las policías, no quieren o no pueden hacer su trabajo- asumirá esas facultades absolutamente anticonstitucionales.

Dice el mencionado general enviado por sus superiores que, esto encierra “temporalidad”, lo que por plazos indeterminados, según su alegato, es necesario para la seguridad del Estado mexicano, que el ejército permanezca en las calles “temporalmente” mientras las policías –federales, estatales y municipales- estén debidamente preparadas. Preguntémonos, ¿es Osorio Chong el responsable superior de las policías federales?... ¿Son los gobernadores y los alcaldes los responsables de sus respectivas policías? La respuesta en los dos casos es que SÍ, ellos son los responsables. Entonces, ¿no es más lógico que quiten al secretario de gobernación e inhabiliten –constitucionalmente- a los gobernadores y alcaldes que no cumplan con el mínimo requisito de controlar y hacer efectivas y aptas a sus policías para combatir al crimen organizado?

Hay que estar ciertos en el hecho de que el crimen organizado en México es poderoso, hay que preguntarnos el por qué es poderoso, y la respuesta es: Porque están coludidos con políticos, funcionarios públicos, policías e incluso con militares. Lo hemos visto hasta el cansancio, en el que los policías detienen –o más bien secuestran- a un grupo de malhechores –los que algunas veces no lo son-, y se los entregan a gente vestida de civil, de la que dicen que se trata de cárteles delictivos, como en el caso de los 43 de Ayotzinapa, entre otros muchos casos. ¿Qué, no existe el Ministerio Público acaso, u otras instancias del gobierno que se hagan cargo de dichos delincuentes para investigar sus fechorías y para aplicarles la ley que les corresponde?... Y, ¿por qué se los entregan a otros delincuentes para que los asesine y desaparezca sus restos, y borrar la huella del crimen? Esto es lo que hay que componer y sin necesidad de militarizar al país.

Hay muchos casos terribles como el de Ayotzinapa. En Coahuila Humberto Moreira y su policía estatal les permitió a unos maleantes –se dice que son Zetas- que arrasaran con una ciudad, Allende, Coahuila, de donde fueron sacados de sus casas y negocios, cosa de 300 personas, las que no han aparecido y, que en Piedras Negras en la penitenciaría estatal –también a cargo del gobierno de Humberto Moreira- introdujeron a 145 personas –heridas o muertas- para que fueran descuartizadas e incineradas. ¿Acaso en Coahuila no había en esos momentos policías federales y militares? Si los había, ¿pero en donde estaban y porque en ese momento o posteriormente, ni siquiera hay un parte federal ni militar del caso? Esto nos indica que la Nueva Ley de Seguridad Interior propuesta por Peña Nieto no era, ni es, ni será necesaria, mientras quienes estén al frente de la policía federal, las estatales y municipales, no cumplan con sus obligaciones.

Esta absurda terquedad de Peña Nieto y sus allegados en insistir de “la necesidad” de esa nueva ley, presionando y comprando probablemente a algunos legisladores para hacer mayoría y sacar adelante una ley que de suyo es absolutamente inconstitucional, nos lleva a suponer con un alto grado de certidumbre, que Peña Nieto quiere militarizar al país por dos razones: Una.- Porque es un compromiso asumido con EEUU en La Iniciativa Mérida, signada por Calderón y ratificada por el propio Peña Nieto, y dos.- Porque La Mafia en el Poder –como se los dice López Obrador- necesita tener mayor control de la ciudadanía, aun inconstitucionalmente, con el fin de conservar el poder que ostentan. O, ¿usted qué opina al respecto, apreciable lector?

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Atenta y respetuosamente

Augusto Hugo Peña D.