Si el gobierno de México, llámese del PRI o del PAN, realmente quiere acabar con la corrupción y la delincuencia en el país
Si el gobierno de México, llámese del PRI o del PAN, realmente quiere acabar con la corrupción y la delincuencia en el país, tiene que escudriñar acuciosamente sobre los cimientos del propio gobierno y de todas y cada una de sus instituciones, incluyendo las del Estado Mexicano, como el Banco de México, y las secretarías de hacienda y de la defensa.
Si lo que México requiere –según Peña Nieto, el PRI y el PAN- es fortalecer la seguridad nacional lo primero que hay que hacer es respetar la constitución, encuartelar al ejército y que haga las funciones que la Carta Magna le confiere. Y limpiar de ineptos y deshonestos todas nuestras instituciones, comenzando por la presidencia de la república, el congreso y la suprema corte
Hace unos días Peña Nieto a través del PRI y con el aval del PAN, enviaron una iniciativa de ley para que jurídica y legalmente el ejército se dedique a combatir la delincuencia y a investigar –por cualquier medio ilícito o no- todo lo habido y por haber sobre la vida y el comportamiento de los mexicanos. Esta iniciativa de ley es un aberrante atropello a nuestra Carta Magna porque al sacar a las calles al ejército y a la marina a resolver los problemas que la secretaría de gobernación con la policía federal y las agencias del ministerio público al igual que la dependencia de inteligencia de Estado como el CISEN, sumando a estas instituciones las policías todas de los estados y municipios no pueden resolver. Esto, jurídicamente no es viable y ni siquiera asequible a todo lo que se llame república democrática, configurando más bien un Golpe de Estado implícito perenne, disfrazado de un requerimiento falso para –disque- amainar la delincuencia y fortalecer la seguridad nacional.
Para bajar los índices de la delincuencia lo primero que hay que hacer es desenredar los nudos que existen entre políticos y bandas delincuenciales, las que actualmente se funden y amalgaman en un solo crisol. Todo mundo sabe y a ciencia cierta que los gobernadores e incluso el titular de la presidencia están ligados a delincuentes, los que no necesariamente son pistoleros o sicarios sino empresarios que prestan su nombre y empresa para saquear al fisco. Las empresas fantasmas que utilizan los gobernadores como Rubén Moreira, Javier Duarte y otros muchos, entre ellos el propio Peña Nieto con la constructora HIGA y con su CEO el señor Hinojosa para hacerse de La Casa Blanca y de otras mansiones y acciones al portador de dichas corporaciones comerciales e industriales. Mientras estas ligas delictivas entre políticos, funcionarios públicos y empresarios deshonestos todos ellos, persistan, no habrá policías o ejércitos capaces de combatirlas, porque tanto los policías como los militares son comandados por esos mismos políticos truhanes.
Para afianzar a seguridad nacional es menester que todas las instituciones del gobierno sean confiables y estén dirigidas por gente honesta y capaz, cosa que dista mucho de ser así. Entonces si hay que garantizar la seguridad nacional y la paz interna, lo primero y único es privilegiar todo lo que sea legal y legítimo. Que se rija por la Constitución Política de la República y no por intereses mezquinos, por lo que necesario también es que el ejército haga sus funciones claramente delineadas en nuestra Carta Magna. Sacar al ejército a las calles para hacer un trabajo para el que no está siquiera preparado –esto lo reconoce públicamente el general Salvador Cienfuegos- ni está dentro de sus obligaciones y, en cambio, innecesariamente denigra el prestigio del propio ejército.
Este gobierno ha deteriorado varias secretarías, entre ellas a Hacienda y la de Educación pública y esto debilita al Estado, de ahí que sostengo que involucrar al ejército en tareas –las que de hecho ya efectúa inconstitucionalmente- y pretender darle al ejército por medio de una ley tramposa avalada por el PRI y el PAN en el Congreso, una cobertura a todas luces ilegal ajena a nuestra Carta Magna. Con ello no solo se restará seguridad nacional sino incluso soberanía, porque esto implica aparentar un acto republicano con un golpe de estado manifiesto, edulcorado con discursos falsarios que comprometen, reitero, nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía ante la internacionalidad. El México presidido por Peña Nieto se ha pintado con no pocos visos de nación bananera, porque ha supeditado nuestra economía a los designios de Washington y está pretendiendo ceder con ello la garantía de nuestra soberanía y nuestra viabilidad como nación no dependiente, de nación alguna. O, ¿usted qué opina, apreciable lector?
Atenta y respetuosamente
Augusto Hugo Peña D.
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