La impunidad en México ha sido la constante y creciente a partir de 1983

La impunidad en México ha sido la constante y creciente a partir de 1983

Dossier ahpd 706                                   abril 21 de 2015

México con el gobierno de Peña Nieto se convirtió en el penúltimo en cuanto a una justa pensión a la clase trabajadora; los fondos de las pensiones se manejan deshonesta y discrecionalmente. Lo dice La OCDE; nuestro país es el segundo lugar en Latinoamérica en el que la impunidad se ha asentado y florecido exponencialmente, hundiendo al país en la miseria

En México los gobiernos siempre han gozado de una impunidad absoluta para la perpetración de sus desmanes. En época de Porfirio Díaz los abusos contra la gente de abajo eran el pan de cada día, posteriormente en la revolución fue lo mismo, el jodido permanecía jodido y los privilegios eran para una minoría allegada al gobierno; la oligarquía de entonces y la actual son lo mismo, pero a partir de diciembre de 1982 con la llegada de Miguel de La Madrid a Los Pinos, del brazo de Carlos Salinas, la impunidad se convirtió en el eje por donde circula libremente la corrupción más procaz que jamás nuestro país había experimentado.

Los grandes conflictos y los agravios a la sociedad no solo no se resuelven sino que se agravan, se mantienen en el abandono y la indiferencia, apostándole a que el tiempo los entierre y que la gente lo olvide, porque los perpetradores, ya sean estos poderosos empresarios, gobernantes o maleantes profesionales, saben que el pueblo de México sempiternamente sumiso y de una nobleza que raya en la estulticia, no se manifestará de tal forma que ponga en riego los andamios por donde caminan y actúan los poderosos, y cuando este poder fáctico en complicidad con quienes están al frente de las instituciones gubernamentales ven un atisbo de peligro manifiesto, como en el caso de las denuncia de Carmen Aristegui sobre las casas de Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong, adquiridas de manera poco ortodoxa y a todas luces corruptamente, echan a andar la maquinaria que aceita la impunidad; los medios masivos de información y comunicación y, acotan espacios de la libre expresión tal y como se “castigó” la voz de Carmen Aristegui.

Los ejes por los que se mueve a sus anchas la política en México son dos que convergen en uno solo; me refiero al que implantó en los años setentas del siglo pasado el profesor Carlos Hank González, marcando las directrices de lo que hoy es un político y la política: “Un político pobre es un pobre político” y el segundo eje que inauguró Carlos Salinas de Gortari desde su campaña a la presidencia, logrando un triunfo basado en el fraude electoral logrado a base de sangre y dinero.

Así envueltos en una vorágine de corrupción amparada por la impunidad que día a día se multiplica exponencialmente, el México de nuestro días se ha convertido según La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el penúltimo lugar en América Latina y el Caribe en cuando a la garantía de pensiones para los jubilados, los que en promedio solo recibirán el 22.2% de su último salario. Esto gracias a que quienes nos gobiernan, disponen del dinero de los ahorros para el retiro de manera ilegal, discrecional y con fines corruptos que benefician a quienes hacen uso de los ahorros en sus inversiones, incluyendo el mismo gobierno que ha hecho uso del dinero de las AFORES para sostener la dilapidación pecuniaria del erario, así el futuro de los trabajadores sirve para garantizar ganancias suntuarias de políticos y banqueros.

La misma (OCDE) que engloba a 26 países del área latinoamericana ha señalado que México es el segundo lugar, después de Colombia, en donde la impunidad permeó a todas las instituciones de gobierno y empresariales, dejando al descubierto a la sociedad en su conjunto; de ahí los casos de crímenes horrendos como los de Tlatlaya, Iguala/Ayotzinapa y Apatzingán, en los que el ejército en uno de los casos, fusiló prácticamente a 22 civiles de manera sumaria, y otros dos en los que la policía con conocimientos del ejército, ejecutó y desapareció de manera brutal a 43, y a 17 los asesinó aduciendo que fue durante un enfrentamiento, cosa inventada por el militar a cargo de la plaza de Apatzingán en el mes de enero del 2015. Y… ¿por qué se dieron estos casos que se tipifican como crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado? Porque las víctimas, sean estos los normalistas de Ayotzinapa, los manifestantes de Tlatlaya y los supuestos delincuentes de Apatzingán, estaban llegando al punto de demostrar que nuestros gobernantes y las instituciones, son entes delictivas en grado superlativo, entonces –alguien de este gobierno- llegó a la conclusión que había que cegar sus vidas y acallar sus voces. O, ¿usted qué opina, apreciable lector?

Atenta y respetuosamente

Augusto Hugo Peña D.

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